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Estamos en épocas electorales en la que nos bombardean con cifras alegres de todo lo “bueno” que pasa en el estado. Al gobierno es lo que le gusta escuchar. El lado crudo de la realidad, ese sí que nadie lo mencione. Muchos menos que digan que Guanajuato está en una guerra, que ya por sí sola representa un riesgo para la labor de los periodistas. 

No es un tema menor, la entidad se encuentra entre las 10 de todo el país con mayor número de agresiones contra la prensa de 2018 a 2020. Informar a la población lo que está ocurriendo se ha llenado de peligrosos obstáculos, como la violación de derechos humanos, el hostigamiento, la censura, y en casos más graves, le ha costado la vida a compañeros. 

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Este martes 23 de marzo, se presentó “Distorsión: El discurso contra la realidad | Informe anual 2020” del sitio ARTICLE 19, en el que reportan las dificultades que está viviendo la libertad de expresión en México y el ambiente de violencia contra la prensa en aumento. Tanto por medidas del gobierno federal, como por situaciones propias de cada localidad. 

Algunos de los datos particulares de Guanajuato son alarmantes y reflejan el escenario tan complejo en la entidad. 

  • En el 2020 ocurrieron 692 ataques contra medios de comunicación y periodistas en todo el país, lo que representa un 13.6% más que en 2019; seis fueron asesinados. 
  • En dicho año, en Guanajuato fueron 25 agresiones contra periodistas, un 40% más de las reportadas en 2019 en el estado. 
  • Israel Vázquez de El Salmantino es el 16° periodista asesinado durante la administración de López Obrador. 

En este informe, también relatan las agresiones de los cuerpos policiales de León, contra cuatro periodistas durante la marcha #JusticiaParaEvelyn en 2020. También del hostigamiento judicial que realizó María Bárbara Botello Santibáñez, exalcaldesa priista de León, quien “presentó una demanda por 300 millones de pesos —la más alta de la historia del país—contra el periódico AM”.

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Recapitulan el lamentable asesinato de Israel Vázquez, en donde incluso la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, lo revictimizó, “sugiriendo que la responsabilidad fue del periodista”. 

Toman el testimonio de Kenia Velázquez, reportera del medio digital PopLab, que señalaLa autocensura no se da sólo por temor al crimen organizado, los periodistas que narran la situación en el estado suelen ser “castigados” por los gobiernos, que quitan convenios publicitarios, o acosan en redes, o incluso espían.

Para leer completo el informe y revisar más datos y opiniones respecto a la preocupante situación que se vive contra el periodismo, dale clic aquí

Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19, presenta DISTORSIÓN:

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