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Impunidad, negligencia, colusión, e indiferencia es lo que resume al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) ante la tragedia del 13 de noviembre de 2020, en la que cinco trabajadores perdieron la vida cumpliendo su labor en condiciones inapropiadas dentro de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales (PTAR) y su Módulo de Desbaste (MD).

Víctor Briseño, como el supervisor, junto a Juan Antonio Méndez, José Salvador Afanador, Omar Ignacio Martínez y Alberto de Jesús Silva se dirigieron aquel día por última vez a su trabajo. Todos jóvenes, ninguno arriba de los 30 años. Y como tantos obreros, laborando en un lugar deplorable, con un sueldo paupérrimo y sin que los encargados se preocupen por ellos. 

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Briseño, quien fungía como jefe, llevaba días avisando a sus superiores del deterioro de las instalaciones del lugar. Les señaló que había fugas de ácido sulfúrico y que las tuberías estaban a punto de romperse. Ni por eso tenían equipos de protección personal, ni mucho menos capacitación. Por ejemplo, Alberto de Jesús apenas llevaba 52 días en la planta y lo contrataron solo con el certificado de secundaria, a pesar de que manejaría materiales químicos. 

De acuerdo a información de AM, la causa de sus muertes fue la concentración del ácido sulfúrico que se emplea para neutralizar el PH de las aguas residuales, al salir al medio ambiente formó el gas sulfhídrico y envenenó el aire.

Desde entonces, los familiares de las víctimas comenzaron una lucha para investigar qué pasó y quiénes son los responsables. Aclaman justicia, ante una institución que los ha ignorado por completo. Pasaron 20 días después del accidente para que funcionarios de SAPAL se contactaran con los deudos. Y lo peor de todo, es que de manera insensible en la que sólo quieren que firmen los finiquitos. 

"¿Cuánto quieres? ¿Para ti cuánto es lo justo? Lo justo era que me lo regresara a él. Ellos solo se burlan de nosotros, a mí no me importa hasta dónde vamos a llegar, lo único que quiero es justicia”, con la voz quebrada responde Guadalupe Milagros, la viuda de José Salvador, sobre los acercamientos que han tenido con los licenciados de SAPAL.

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ERA ALGO QUE SE PODÍA EVITAR

Los problemas con esta Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales (PTAR) y su Módulo de Desbaste (MD) llevan bastante tiempo. La organización Acción Colectiva Socioambiental A.C había evidenciado públicamente anomalías en su funcionamiento. Incluso con denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Anteriormente la empresa ECOSYS III era la concesionaria de la planta, y por años señaló que la industria curtidora ha enviado agua contaminada con otros residuos no previstos a esta planta. Entre estas dos y la misma SAPAL, se aventaban la bolita como los responsables del deterioro de las instalaciones. 

Por lo mismo, el año pasado SAPAL tomó el manejo de la planta de desbaste y dejó fuera a Ecosys III. Sin embargo, no por esto cambió la situación, y la calidad del agua altamente contaminada que aquí se recibía ya había causado muchos daños en los equipos de tratamiento.

“Pudo evitarse si el SAPAL hubiera realizado una transición ordenada para tomar el control y dirigir la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales y su Módulo de Desbaste, y si, en cumplimiento a sus obligaciones, hubiera capacitado a sus trabajadores y observado los protocolos de seguridad laboral correspondientes”, comentó Gustavo Lozano, Director de la asociación civil ambientalista Acción Colectiva.

Las negligencias ambientales con el tratamiento de aguas tienen consecuencias, y en este caso muy graves. Por lo que se deben deslindar responsabilidades, tanto para el origen de estos agentes contaminantes, como para las personas que omitieron el riesgo que implicaba operar así la PTAR y el MD. No fue algo fortuito. 

Además, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León se ha caracterizado por ser un lugar peligroso para sus empleados. Así lo demuestran los datos que arroja la misma institución a través de transparencia y que publicó AM:
 

  • En los últimos dos años, se reportaron 112 accidentes de trabajo en las 20 plantas de tratamiento que controla. 
  • En 2019, fueron 78 accidentes, un promedio de seis por mes
  • En 2020, de enero hasta noviembre, contabilizan 34 accidentes, entre los que están las cinco víctimas intoxicadas fallecidas. 
  • En la PTAR y MD en cuestión, en los últimos tres años ocurrieron 23 accidentes

IRREGULARIDADES EN LA INVESTIGACIÓN

Lo que más indigna a las familias, es que la SAPAL y la Fiscalía han entorpecido la investigación para esclarecer los hechos. No hubo ningún interés por conocer detalles sobre las causas de su muerte, y mucho menos se realizó un correcto peritaje.

Acompañados por el maestro en Ciencias Forenses Enrique Pérez Ramos, expuso las posibles omisiones o negligencia de peritos de la Fiscalía, entre los que estaban:
 

  • No habrían embalado adecuadamente ni los cuerpos ni la ropa de los fallecidos
  • El levantamiento del cadáver lo hizo el chofer del Servicio Forense
  • Jamás se tomaron muestras de tejidos y otras partes del cuerpo
  • Ni siquiera fueron a la planta de tratamiento a tomar una foto

También, la Secretaría del Trabajo realizó una auditoría extraordinaria en la que detectó más de 150 irregularidades en la planta, de acuerdo a información de Proceso. Los agravantes se van acumulando, y tras destapar la cloaca, sólo van saliendo cosas peores a la luz. 

Por estos actos de injusticia a todas luces evidentes, piden la destitución del director de la SAPAL, Enrique de Haro, y de su presidente Jorge Ramírez. 

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Por eso se debe seguir poniendo el dedo en el renglón, ya que el apoyo del gobierno municipal que encabeza Héctor López Santillana y del estado con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, han brillado por su ausencia. 

Ya van casi cuatro meses, y el caso de los trabajadores fallecidos en SAPAL necesita resolverse. 

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