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Puebla. – En enero del 2021 el ayuntamiento de Puebla a cargo de Claudia Rivera, anunció una obra magna, la rehabilitación del mercado Amalucan con una inversión federal por 75 millones de pesos; misma que ejecutaría la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El proyecto de dignificación se habría planteado luego de múltiples mesas de trabajo realizadas en 2020, según locatarios, consistía en remodelar áreas comunes, pasillos, estacionamiento, oficinas administrativas, cuarto de refrigeración, carga y descarga, sanitarios, cisterna y un cambio total de la techumbre, al menos en la versión de la alcaldesa, hasta ahí todo marchaba bien. 

El conflicto 

La inconformidad llegó después, cuando locatarios fueron notificados que el mercado no se iba a remodelar sino a demoler y que, eso, implicaría que durante 8 meses los comerciantes pasaran de ser locatarios a ambulantes. 

Entonces el escenario cambió y lo que fue una noticia de júbilo en plena pandemia, pasó a convertirse en un motivo de preocupación para más de 600 locatarios. 

Por primera vez en 40 años, los comerciantes dejarían sus mesetas para comercializar sus productos debajo del puente Amalucan, con todo y los riesgos sanitarios que eso implica. 

Rafael López Guzmán, representante de locatarios del mercado Amalucan, aseguró a Código Postal que sus compañeros no están en contra de la remodelación planteada por Rivera Vivanco, pero si están en desacuerdo con la demolición del inmueble. 

La construcción de un nuevo domo, la rehabilitación de pasillos y modificar la red hidráulica no sólo es necesaria, es urgente. 

‘El plan inicial era una remodelación eso nos vinieron a decir los del ayuntamiento, ahora ya sacan que lo van a demoler y pues en eso no estamos de acuerdo’ 

¿Melón o Sandía?

Tras los primeros conflictos entre comerciantes, registrados el pasado 12 de febrero, cuando un grupo de locatarios agredió a otro durante una rueda de prensa, salieron a la luz cuestiones ajenas a los acuerdos alcanzados. 

El primero, que la alcaldesa de Puebla no cuenta con permisos de impacto ambiental del Gobierno del Estado para autorizar la obra, según el propio gobernador, Luis Miguel Barbosa.

Segundo, que la Sedatu presentó un proyecto que implica demoler y reconstruir accesorias más pequeñas para los locatarios. 

Tercero, que ningún locatario quiere desalojar el inmueble, e incluso reunieron 700 firmas para impedirlo. 

¿Soluciones del Gobierno Municipal?

En la óptica de Claudia Rivera, los locatarios podrían realizar sus actividades debajo del puente Amalucan por un lapso de 8 meses, poniendo en riesgo la salud de clientes y comerciantes. 
Por su parte, la Secretaría de Gobernación ha sido señalada de amagar a comerciantes para firmar la autorización de la obra. 

En tanto, para el gobierno del Estado, la obra no cuenta con autorización ni permisos que le avalen el proyecto, por lo que no se comenzará la demolición.

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